El Programa UBA XXII: un espacio de libertad dentro de la prisión

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En la experiencia docente confluyen con tensión ambas lógicas que se visualizan en las peculiaridades de la relación docente – alumno. La lógica institucional carcelaria está presente desde el ingreso y la permanencia de los alumnos a la clase, pero se debilita en el marco inmediato de la clase, donde la interacción se encuadra en las reglas de juego propias de la universidad. Allí dentro, en el ámbito de la clase, al interior del centro universitario, el interno, más que interno es un alumno de la Universidad de Buenos Aires, son alumnos regulares con los mismos derechos y obligaciones que los que gozan de libertad ambulatoria. El espacio físico, además, está regido por las normas de la institución universitaria. Muchos lo han definido como una “embajada”, territorio de la UBA, que genera -entre  las 9 y las 18 hs.- un tránsito permanente de profesores que ingresan al penal para dictar clases teóricas, prácticos y talleres, tomar exámenes y realizar todas las actividades que garanticen el normal desenvolvimiento académico. Como es imaginable, ello ha generado no pocos conflictos con el Servicio Penitenciario.


La pertenencia del interno al centro de estudios le da una nueva forma a la diferencia entre ellos y  el personal penitenciario. Desde su condición de alumno se aprecia una mayor exigencia por el cumplimiento de un conjunto de derechos que, como tales, le asisten: el traslado al aula en tiempo y horario adecuados, la permanencia en la unidad, que le permita continuidad en sus estudios universitarios, etc. Los frecuentes incumplimientos a estos derechos, ha generado un conjunto reclamos y demandas por la garantización de esos derechos, ausentes hasta la creación del programa.  

 
En ese sentido, el trabajo con una institución y una lógica diametralmente opuestas a la universidad, como es la prisión, suponía, en el contexto en el que el programa fue creado, un desafío para la incipiente democracia. Significaba abrir un campo para generar acciones concretas que ligaran a la Academia con la sociedad, pero también –y tal vez sea lo más importante- proponía –y propone- un estímulo al pensamiento, la generación de ideas, nombrarlas, proveerlas de entidad, visibilizarlas.


Fueron precisamente en los difíciles años de consolidación de la democracia argentina en los que el Programa asume la responsabilidad de producir hechos concretos en el contexto de la realidad carcelaria argentina, realidad compleja e invisibilizada. La cárcel supone encierro, violencia, hacinamiento. Y también la promesa “incumplida” de reinserción social, de reeducación, de rehabilitación. Se sabe, de todos modos, que el encierro es segregador, es productor de las conductas que se supone reprochan, degradan a las personas, las despersonalizan. Es el castigo que aísla, que separa tajantemente el afuera del adentro. De manera paradójica, la cárcel parece convertirse en un espacio en el que se “producen” nuevos y mejores delincuentes.

 

En ese sentido, todos los aspectos del quehacer educativo en las prisiones, tiene implicancias políticas. Su fundamento debe reconocerse en la creación y el sostenimiento de un espacio de ejercicio de derechos, que rompen la lógica del premio-castigo propia de las instituciones penitenciarias. Por eso, los historiales de conducta no cuentan y el único requisito para participar del programa es haber completado la educaci6n secundaria. En esa línea también se basó la política de "anonimato": los profesores no saben qua llevó a sus alumnos a estar encerrados. Para Leandro Halperin, director de UBA XXII, la explicación es sencilla: "Afuera no les preguntamos a los estudiantes qua hacen cuando no estudian. En la cárcel tampoco".

 

La experiencia iniciada por la UBA en esos años abría un camino prácticamente inexplorado por otras instituciones universitarias. Hoy existen experiencias en otros países pero esencialmente bajo la modalidad de cursado a distancia.

 

Puede ser visto como un espacio de resistencia, pero también un lugar en el cual la palabra funciona y baja la violencia. Como señala Marta Laferriere, el alma mater de este programa, la UBA no llegó a la cárcel desde una mirada piadosa, sino profundamente política en el sentido de herramienta que permite y alienta transformaciones.

 

Pero también es un lugar donde un sujeto preso se trasforma en estudiante, en un futuro graduado de la Universidad. Es en ese contexto que el hombre o la mujer va construyendo su libertad, su dignidad, reconstruye su subjetividad, porque de eso se trata, más allá de que se puedan exhibir notables cifras en cuanto a inclusión se refiere. Las personas que han transitado por el Programa muestran un muy bajo índice de reincidencia, apenas un 2,5%, sobre un 130% de aquellos que no han pasado por él. Estos datos nos exigen una profunda reflexión. Muchos son los alumnos que han alcanzado el título universitario: algunos comenzaron y terminaron su carrera dentro de la cárcel, otros lo obtuvieron luego al recuperar la libertad.

 

Puede afirmarse que la forma de pensar una cárcel define a la sociedad que la instituye, por lo tanto, es mucho aun lo que queda por hacer. El debate sobre políticas educativas en las unidades penitenciarias implica también, el debate sobre el tipo de sociedad y ciudadanos que deseamos, aun cuando éstos, temporalmente, se vean privados de la libertad.

 

*Licenciado en Ciencia Política. Profesor e Investigador de la Universidad de Buenos Aires.