España y la ruptura del pacto social

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Esa forma de protesta se sostuvo en el tiempo, trasladándose a las distintas plazas de España y dando lugar a distintos movimientos y colectivos sociales, entre ellos el 15M. Este acontecimiento reactivó políticamente al pueblo español, sistemáticamente acallado y humillado por la prepotente cultura de la transición democrática. Una cultura compuesta por el putrefacto séquito franquista y los acomodaticios progresistas de la nueva ola económica. Contra esta élite cínica, el pueblo español perdió el miedo y convirtió a las huelgas, asambleas, manifestaciones y acciones colectivas de resistencia y desobediencia civil en el escenario cotidiano de la agenda política española. Por citar algunos ejemplos: frente a los intentos de desahucios, resistencia pacífica y asesoramiento legal. Ante la estafa de Bankia, una querella popular contra esa entidad. Como respuesta a los recortes y aumento de tasas en educación, clases gratuitas en las calles e iniciativas de universidades populares. Boicots a las grandes superficies comerciales, lo cual abrió el camino para una seria reflexión sobre la necesidad de un consumo responsable y sostenible.

A pesar de los esfuerzos mediáticos por aislar las distintas demandas y por convertir el conflicto social en una especie de drama íntimo, el sentimiento de indignación abandonó su psicología moralizante, se convirtió en un enfado colectivo y trasladó el problema al terreno de la política.

Al instalarse la política en la calle, lo que era vivido como un conflicto interior se mostró como un problema histórico-social que atraviesa todas las relaciones de producción económica, política y cultural del presente. Mas aun, se instaló dentro de las mismas instituciones. Cómo comprender sino los manifiestos y declaraciones, durante los últimos meses, de los trabajadores públicos, los sindicatos, los bomberos, la guardia civil, la policía y el ejército, los cuales se unen a las protestas y llaman a la desobediencia al gobierno como último recurso para impedir la violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

 

Con todo esto se pone en evidencia que existe un conflicto entre distintos usos del derecho, una tensión dialéctica entre la limitación del uso del derecho y su radicalización. Como contrapartida a los intentos del gobierno para limitar el derecho al derecho, tiene lugar su constante socialización y ramificación a través de las redes y movimientos sociales. Mientras en el primer caso el derecho sienta las bases para la libre circulación del capital financiero, en el segundo se trata de crear las condiciones para emanciparse de esa dependencia económica. El derecho, pues, vive un momento verdaderamente político y debemos meditar sobre este aspecto. El derecho en Europa oscila entre dos alternativas: derecho como sistema de privilegios e injusticias frente al derecho como mecanismo de transformación crítico y popular de la sociedad.

 

A partir de esta repolitización del derecho se vislumbra con gran nitidez el problemático vínculo entre violencia y derecho. Este último punto merece toda nuestra atención, sobre todo porque el término violencia es rechazado, tanto por el gobierno como por los movimientos sociales que se autodenominan pacifistas. El gobierno pretende mostrarse como un gestor habilidoso para distribuir el dinero del que dispone en las arcas del Estado –que según el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro están vacías- y llevar a cabo los sacrificios necesarios. El problema es que todas estas cuestiones técnicas encubren decisiones políticas. Aunque Rajoy intente compararlas con una cuestión deportiva, declarando que se siente como una suerte de atleta lesionado, lo cierto es que este rostro técnico, racional y sensato de los recortes no deja de ejercer una violencia sin precedentes en la historia de la democracia, en un escenario donde el símil del deportista en horas bajas da paso más bien al del eunuco.

El derecho, pues, vive un momento verdaderamente político y debemos meditar sobre este aspecto. El derecho en Europa oscila entre dos alternativas: derecho como sistema de privilegios e injusticias frente al derecho como mecanismo de transformación crítico y popular de la sociedad.

Por otro lado, y aunque su finalidad no sea la violencia, los distintos movimientos sociales también están ejerciendo un tipo de violencia cuando promueven la desobediencia civil y llevan las protestas a la calle. Aun así, cabe preguntarse qué estamos entendiendo aquí por violencia. En otras palabras, ¿qué tipo de violencia tiene lugar en ambos casos? Se trata también de saber hasta qué punto la violencia revolucionaria del capital coincide o no con la violencia conservadora de derechos básicos. Algo nos dice que esta violencia revolucionaria conserva y extiende la división entre ricos y pobres, explotados y explotadores, mientras que la violencia conservadora revoluciona la manera de entender el derecho, puesto que lejos de reforzar las actuales relaciones de poder, parece contribuir a un proceso de democratización y transformación crítica de la sociedad.

 

Así como los Estados totalitarios perpetuaban la guerra mediante una incitación a la lucha, la actual forma de Estado neoliberal mantiene la guerra y expande el capital a través de la tiranía de los medios de comunicación y los dispositivos de la paz y el consenso. Es decir, una economía global e impersonal que de manera sintomática, se reúsa a hablar del ejercicio de la violencia. ¿Otro Estado es posible? ¿Cabe la posibilidad de llevar a cabo una crítica de la naturaleza actual de las instituciones europeas? La reflexión se sitúa, pues, entre los límites del derecho, las instituciones y las sublevaciones, por lo que no debemos perder de vista el problema de la violencia que parece resurgir de esta repolitización del derecho.