España y la ruptura del pacto social

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A partir de las demandas expresadas desde el 15M, en la Acampada de Sol, comienza a exteriorizarse como un hecho político la resistencia de una parte de la sociedad a sacrificarse “para rescatar de la crisis y la barbarie a otra minoritaria”. La crisis, según la autora, “se convierte en un mecanismo de normalización y ocultamiento de los cambios que precisa el actual poder para seguir expandiéndose. La especulación financiera ya no necesita de un pacto social para subsistir. Así, cuando este discurso es pasivo resulta cínico, pero cuando lo hace de manera militante se vuelve fascista."

Por María Luciana Cadahia*

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El pacto social se ha roto en España. La nueva alianza entre el capital financiero y sus gobernantes ya no precisa conservar el rostro amable del Estado neoliberal. El gesto revolucionario escogido por el actual gobierno para transformar la naturaleza de las instituciones, contrasta con la acción conservadora que emplea la ciudadanía para mantener sus derechos básicos.

 

A través de una especie de juego especular e inversión de sentido, pareciera que el reformismo se ha puesto del lado del capital y una cierta idea de conservación se halla del lado de la ciudadanía. Probablemente sea la evolución unilateral de ambos términos el resultado de nuestra actual confusión para comprender lo que sucede. Por lo que podría preguntarse: ¿qué busca transformar el gobierno? ¿Qué procura conservar el pueblo?

 

Si bien resulta un poco precipitado responder ambas preguntas, una vía para pensar las dos cuestiones estaría en prestar atención al modo en que, en ambos casos, se está violentando el derecho. A primera vista pareciera que el derecho funciona para criminalizar las protestas y facilitar los cambios estructurales que exige la economía de mercado. A su vez, y como reacción a estas medidas, los indignados han reforzado los mecanismos del derecho a la huelga y las protestas, a la vez que han elaborado una aguda crítica a la supuesta legalidad del uso del derecho por parte del gobierno, acompañada por un plan de desobediencia civil y la gestación de un vínculo implícito entre las sublevaciones y el derecho.

Video: LA PLAZA: La gestación del Movimiento 15M

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A pesar de los esfuerzos mediáticos por aislar las distintas demandas y por convertir el conflicto social en una especie de drama íntimo, el sentimiento de indignación abandonó su psicología moralizante, se convirtió en un enfado colectivo y trasladó el problema al terreno de la política. En un movimiento verdaderamente hegeliano, se produjo una exteriorización del conflicto. La acampada de Sol, llevada a cabo durante la madrugada del 15 de mayo de 2011, fue el primer gesto que rompió con el silencio y el bloqueo mental colectivo.


Esa forma de protesta se sostuvo en el tiempo, trasladándose a las distintas plazas de España y dando lugar a distintos movimientos y colectivos sociales, entre ellos el 15M. Este acontecimiento reactivó políticamente al pueblo español, sistemáticamente acallado y humillado por la prepotente cultura de la transición democrática. Una cultura compuesta por el putrefacto séquito franquista y los acomodaticios progresistas de la nueva ola económica. Contra esta élite cínica, el pueblo español perdió el miedo y convirtió a las huelgas, asambleas, manifestaciones y acciones colectivas de resistencia y desobediencia civil en el escenario cotidiano de la agenda política española. Por citar algunos ejemplos: frente a los intentos de desahucios, resistencia pacífica y asesoramiento legal. Ante la estafa de Bankia, una querella popular contra esa entidad. Como respuesta a los recortes y aumento de tasas en educación, clases gratuitas en las calles e iniciativas de universidades populares. Boicots a las grandes superficies comerciales, lo cual abrió el camino para una seria reflexión sobre la necesidad de un consumo responsable y sostenible.

A pesar de los esfuerzos mediáticos por aislar las distintas demandas y por convertir el conflicto social en una especie de drama íntimo, el sentimiento de indignación abandonó su psicología moralizante, se convirtió en un enfado colectivo y trasladó el problema al terreno de la política.

Al instalarse la política en la calle, lo que era vivido como un conflicto interior se mostró como un problema histórico-social que atraviesa todas las relaciones de producción económica, política y cultural del presente. Mas aun, se instaló dentro de las mismas instituciones. Cómo comprender sino los manifiestos y declaraciones, durante los últimos meses, de los trabajadores públicos, los sindicatos, los bomberos, la guardia civil, la policía y el ejército, los cuales se unen a las protestas y llaman a la desobediencia al gobierno como último recurso para impedir la violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

 

Con todo esto se pone en evidencia que existe un conflicto entre distintos usos del derecho, una tensión dialéctica entre la limitación del uso del derecho y su radicalización. Como contrapartida a los intentos del gobierno para limitar el derecho al derecho, tiene lugar su constante socialización y ramificación a través de las redes y movimientos sociales. Mientras en el primer caso el derecho sienta las bases para la libre circulación del capital financiero, en el segundo se trata de crear las condiciones para emanciparse de esa dependencia económica. El derecho, pues, vive un momento verdaderamente político y debemos meditar sobre este aspecto. El derecho en Europa oscila entre dos alternativas: derecho como sistema de privilegios e injusticias frente al derecho como mecanismo de transformación crítico y popular de la sociedad.

 

A partir de esta repolitización del derecho se vislumbra con gran nitidez el problemático vínculo entre violencia y derecho. Este último punto merece toda nuestra atención, sobre todo porque el término violencia es rechazado, tanto por el gobierno como por los movimientos sociales que se autodenominan pacifistas. El gobierno pretende mostrarse como un gestor habilidoso para distribuir el dinero del que dispone en las arcas del Estado –que según el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro están vacías- y llevar a cabo los sacrificios necesarios. El problema es que todas estas cuestiones técnicas encubren decisiones políticas. Aunque Rajoy intente compararlas con una cuestión deportiva, declarando que se siente como una suerte de atleta lesionado, lo cierto es que este rostro técnico, racional y sensato de los recortes no deja de ejercer una violencia sin precedentes en la historia de la democracia, en un escenario donde el símil del deportista en horas bajas da paso más bien al del eunuco.

El derecho, pues, vive un momento verdaderamente político y debemos meditar sobre este aspecto. El derecho en Europa oscila entre dos alternativas: derecho como sistema de privilegios e injusticias frente al derecho como mecanismo de transformación crítico y popular de la sociedad.

Por otro lado, y aunque su finalidad no sea la violencia, los distintos movimientos sociales también están ejerciendo un tipo de violencia cuando promueven la desobediencia civil y llevan las protestas a la calle. Aun así, cabe preguntarse qué estamos entendiendo aquí por violencia. En otras palabras, ¿qué tipo de violencia tiene lugar en ambos casos? Se trata también de saber hasta qué punto la violencia revolucionaria del capital coincide o no con la violencia conservadora de derechos básicos. Algo nos dice que esta violencia revolucionaria conserva y extiende la división entre ricos y pobres, explotados y explotadores, mientras que la violencia conservadora revoluciona la manera de entender el derecho, puesto que lejos de reforzar las actuales relaciones de poder, parece contribuir a un proceso de democratización y transformación crítica de la sociedad.

 

Así como los Estados totalitarios perpetuaban la guerra mediante una incitación a la lucha, la actual forma de Estado neoliberal mantiene la guerra y expande el capital a través de la tiranía de los medios de comunicación y los dispositivos de la paz y el consenso. Es decir, una economía global e impersonal que de manera sintomática, se reúsa a hablar del ejercicio de la violencia. ¿Otro Estado es posible? ¿Cabe la posibilidad de llevar a cabo una crítica de la naturaleza actual de las instituciones europeas? La reflexión se sitúa, pues, entre los límites del derecho, las instituciones y las sublevaciones, por lo que no debemos perder de vista el problema de la violencia que parece resurgir de esta repolitización del derecho.


En el texto Hacia una crítica de la violencia, Benjamin distingue entre dos funciones de la violencia, por un lado, la violencia que fundamenta o modifica situaciones jurídicas y la violencia que conserva el derecho. Pero a su vez señala situaciones en las que se entremezclan ambos tipos de violencia, es decir, el momento político del derecho –como en el caso del derecho a huelga- y el poder de policía. En Europa el derecho a huelga es visto como una concesión del Estado a los trabajadores para que éstos, a través de la violencia, hagan valer sus derechos. Sin embargo, Benjamin hace una distinción entre la huelga general política y la huelga general proletaria. La huelga general política simplemente busca modificar una determinada situación de injusticia, sin transformar en absoluto las relaciones de derecho en un Estado. Por el contrario, la Gewalt (violencia, fuerza, poder) de una huelga general proletaria puede conducir a un cuestionamiento profundo del rol de un Estado, al punto de destruirlo. Es decir, un momento jurídico revolucionario en el que se buscar subvertir el ordenamiento jurídico gracias al cual se ostenta el derecho a huelga. La violencia de la policía también viene a generar una indistinción entra ambos tipos de violencia, puesto que si bien se muestra como una violencia que conserva derecho, está autorizada para ampliar los límites de dicha violencia. La policía inventa el derecho cada vez que el derecho es lo suficientemente indeterminado como para dejarle esa posibilidad. Aunque no promulgue la ley, la policía se comporta como un legislador. No resulta extraño que en este momento los mayores puntos de fricción de la sociedad estén justamente entre el derecho a la huelga y el poder de policía.

El actual Estado neoliberal ejerce una violencia destructiva, bajo el velo de un principio de sacrificio, a saber: la sociedad debe sacrificar a una parte de la sociedad para rescatar de la crisis y la barbarie a otra minoritaria, con objeto de garantizarle abundancia y civilización.

Podríamos decir que el temor del gobierno actual hacia la huelga y las protestas es que ésta última devenga lo que Benjamin llama una huelga proletaria y reactive el momento revolucionario. Es decir, un tipo de violencia que al justificar, legitimar e instaurar otras relaciones de derecho, se presente como teniendo derecho al derecho. El Estado teme a esta fuerza destructiva de la huelga, por eso dirige todas sus fuerzas a limitar y obstaculizar el derecho a la huelga. Esto explica la cantidad de decretos aprobados para la ampliación del margen de acción de la lógica policial y la creación de un Departamento de seguridad nacional. Con todo, debemos abordar con mayor cuidado esta cuestión y preguntarnos por el carácter destructivo de esta fuerza transformadora del Estado.

 

A través de la crítica a la violencia Benjamin cuestiona el carácter procedimental y conformista de la socialdemocracia de su época y está interesado en pensar las posibilidades de una acción política en términos de una acción revolucionaria. Su ataque se dirige al Estado y su interés se centra en el momento destructivo del mismo. Si bien Benjamin no lo dice de forma explícita, emplea una concepción liberal del Estado. Es decir, como una entidad externa y formal –los dos aspectos que Benjamin busca destruir-. Sin embargo, si consideramos al Estado en términos más hegelianos resulta insuficiente decir que con las protestas se busca destruir el Estado y que el gobierno procura su conservación. Más aún, me atrevería a decir que las actuales leyes y decretos del gobierno también tienen un carácter destructivo del Estado y de lo que se trata, entonces, es de pensar ambos tipos de violencia destructiva.

 

El actual Estado neoliberal ejerce una violencia destructiva, bajo el velo de un principio de sacrificio, a saber: la sociedad debe sacrificar a una parte de la sociedad para rescatar de la crisis y la barbarie a otra minoritaria, con objeto de garantizarle abundancia y civilización. El ritual mágico-jurídico de la austeridad debería devolver la confianza en los mercados. Pero detrás de este velo de maya de la restauración, tiene lugar una profunda transformación de la naturaleza misma de la sociedad.

La violencia de la policía también viene a generar una indistinción entra ambos tipos de violencia, puesto que si bien se muestra como una violencia que conserva derecho, está autorizada para ampliar los límites de dicha violencia.

Ahora bien, el sacrificio de la austeridad supone no solo la desaparición de los derechos básicos de los ciudadanos, sino también el precio que los países de la Unión Europea deben pagar para volver a ser fiables. Sin embargo, la fe atribuida a las políticas de austeridad no logra la anhelada salvación que prometía el ritual sacrificial de los devotos técnicos de la economía. Probablemente este esquema sea insuficiente para comprender lo que está en juego en esta crisis financiera. El misterio especulativo de la austeridad y el sacrificio encierra un juego peligroso. Esto es, un mecanismo que, al inyectar la dosis justa de riesgo e imprevisibilidad en los mercados, propicia una mayor inmunidad al capital financiero. Cuanto más riesgo, más legitimado se encuentran los poderes financieros para ejercer su poder en las instituciones y subsumir a su lógica todas las esferas de la vida política contemporánea. La crisis, entonces, se convierte en un mecanismo de normalización y ocultamiento de los cambios que precisa el actual poder para seguir expandiéndose. La especulación financiera ya no necesita de un pacto social para subsistir. Así, cuando este discurso es pasivo resulta cínico, pero cuando lo hace de manera militante se vuelve fascista.

 

Frente a ese tipo de violencia meramente destructiva, parece asomarse otro tipo de violencia, la violencia de quienes se resisten a la violencia destructiva que impone el Estado neoliberal. Es decir, una violencia practicada como ascesis que, así como establece un ruptura (violencia destructiva) con el continumm que trata de marcar la agenda del actual gobierno español, por otra parte procura recuperar y radicalizar una relación con el derecho que se ve amenazada por la violencia destructiva del Estado neoliberal, a saber: un uso del derecho en el que las palabras justicia social no suenen a cáscaras vacías.

*Filósofa. Docente universitaria. Investigadora.