Prostitución y trata en Argentina: la Justicia que falta

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Más de un siglo después de aquellos truculentos aunque verídicos relatos que hablaban de un país destino de mujeres pobres, traídas como mercancía en barco desde otros continentes para ser vendidas en los burdeles porteños, el debate sobre la explotación sexual, la legislación y el accionar de la Justicia mantiene una vigencia contundente. En estos días, ello ocurre gracias a la infatigable y solitaria lucha de Susana Trimarco. Más allá de las diferencias que señala entre prostitución y trata, este artículo explora la posibilidad de una elección real en la práctica de la prostitución como trabajo.

Por Silvana Camerlo*

acurrucada

El sonado caso de Marita Verón- en el cual trece imputados de delitos de sustracción, retención, ocultamiento y promoción de la prostitución quedaron absueltos, a partir del veredicto de la Cámara Penal de Tucumán del 12 de diciembre de 2012- posibilitó que el pueblo se alzara en repudio contra el fallo, y se manifestara en diferentes puntos del país.1. Consignas como éstas- dirigidas a los varones, principalmente- colapsaron las redes sociales: “Sin clientes, no hay trata”; “podría ser tu hermana, tu mujer, tu prima, incluso tu madre. Que tu dinero no alimente tanto dolor y pena”, entre muchas.

 

En el interior de las  diversas corrientes feministas, siempre existió la controversia acerca de si la prostitución podía considerarse un trabajo o una forma de esclavitud. Organizaciones como A.M.M.A.R (Asociación de Mujeres  Meretrices  de Argentina) y ALITT (Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual) advirtieron  en 2011 sobre la urgente necesidad de desarrollar políticas para la prevención de la prostitución y para la asistencia integral y la atención de personas en estado de prostitución, a fin de que se restituyeran sus derechos económicos, sociales y culturales. Asimismo, subrayaron la importancia de capacitar a los trabajadores estatales a cargo de la implementación de los programas sociales y de aleccionarlos respecto de los fenómenos de la violencia de género, las violaciones  de derechos humanos -vinculadas con los delitos de trata de personas- y la explotación de la prostitución ajena. También, expresaron que era menester pensar en políticas de acompañamiento para quienes hubiesen sido víctimas de la trata.2

 

Diana Maffía – en 2011 titular de la Comisión de Género de la Legislatura porteña- decía  que nuestro país no penalizaba la prostitución, sino el sistema prostituyente. No podía penalizarse la oferta y la demanda de sexo en las calles, porque esto era inconstitucional.  Desde la Legislatura, se trabajaba por la derogación del  artículo 81 del Código Contravencional en ese sentido. Un estado abolicionista como era el argentino, desalentaba toda forma de prostitución y  de explotación. Debía perseguir y penalizar la trata de personas, el proxenetismo, el tráfico, el lucro con la prostitución ajena, pero no a las mujeres y a las travestis en prostitución. Pasar de un estado abolicionista a uno reglamentarista implicaba un cambio de leyes en el Congreso: dar a las prostitutas una cartilla de salud y otorgarles derechos de trabajadoras sexuales.