El largo camino de la participación

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Muchos hijos de criollos e inmigrantes habían progresado en sus estudios y ya eran “doctores”. No tenían apellidos ilustres, pero sí calificación suficiente para aspirar a las responsabilidades de la función pública, querían acceder a los cargos directivos que el régimen les negaba.

Después de revueltas y revoluciones fallidas, el radicalismo era la fuerza que encarnaba esa aspiración democrática. Por ello no sorprendió su triunfó en las elecciones nacionales de 1916. La llegada de Hipólito Yrigoyen al gobierno significó una amplia democratización del sistema de partidos políticos y de los cargos públicos. Los trabajadores tuvieron quien escuchara sus demandas y reconocieron el liderazgo de un caudillo que, con sus políticas de apertura, despertó el rechazo de la vieja oligarquía conservadora. Impotentes ante el carisma del nuevo líder, los jerarcas del antiguo régimen lo acusaron de respaldarse demagógicamente en “la chusma”  y el bajo pueblo.

Era el primer paso de un nuevo y conflictivo camino. Con la puesta en práctica de la ley del voto secreto, masculino y obligatorio se inició una creciente  democratización de la sociedad argentina. Un paso sustancial, aunque absolutamente parcial e insuficiente. La ley Sáenz Peña excluía del derecho a votar a las mujeres, a los inmigrantes, a dementes, sordomudos, eclesiásticos, policías, militares, presos, mendigos y a todos los argentinos que habitaban en los Territorios Nacionales, por entonces más de la mitad de la actual geografía argentina. Por otra parte, entonces, regía el sistema de Colegio Electoral; es decir los ciudadanos no elegían presidente y vicepresidente de la Nación por voto directo, sino que votaban electores, que luego decidirían por ellos.

La reforma constitucional de 1994 introdujo buenos instrumentos como la Consulta Popular y la Iniciativa Popular, aunque permanecen como oportunidades desperdiciadas


En los primeros comicios con vigencia de la Ley Sáenz Peña, para elegir presidente y vicepresidente, votó un 62,7 % del total de inscriptos en el padrón electoral (745.000 votos sobre 1.189.254 de empadronados). Una cifra alta en relación al número de ciudadanos empadronados, pero muy módica si la confrontamos con el conjunto de los habitantes del país, ya que los sufragantes apenas representaron un escaso 15 % de la población total y un escaso 30 % de la población masculina mayor de 18 años. Es decir, el acceso al derecho del sufragio, aún después de 1912, fue muy restringido. Todavía era una minoría la que elegía a las principales autoridades políticas de la joven república.


En relación con otros países, incluso considerando a los europeos, el voto universal masculino fue incorporado por la Argentina de manera temprana, anticipándose a su aplicación en países como Italia, Dinamarca, Países Bajos, Gran Bretaña, Irlanda, Canadá, Suecia, o Japón, entre otros. Sin embargo, este avance democrático de vanguardia en lo formal y en relación al mundo, estaba muy lejos del ideal que tenemos hoy de una sociedad democrática. El acceso legal al voto masculino, universal, secreto y obligatorio para los mayores de 18 años fue  un inicio trascendental, pero debemos decir que el paso de un régimen basado en el fraude a otro sistema político bajo la vigencia de la ley Sáenz Peña no significó por sí mismo una democratización de la sociedad en su sentido más amplio. Recién con el empadronamiento del total de los habitantes del país (Territorios Nacionales incluidos) y el sufragio femenino, en el año 1947, la participación electoral se fue aproximando a una real universalidad.

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