El largo camino de la participación

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Por Luis García Conde*

hormiga negra

Un niño sonríe. En el cuadro no hay mujeres. Los hombres, serios, miran la cámara que va a retratarlos. Es un momento tenso y solemne, acaban de abrir el canasto lleno de urnas electorales. Los fiscales de los diferentes partidos políticos y las autoridades oficiales, controlan el traslado. Aunque el escrutinio promete ser transparente, vigilan con atención las cajas que contienen la opinión del pueblo; están en el Congreso de la Nación y las custodian Fuerzas Armadas. El padrón militar es una garantía de transparencia, todos los que figuran en él pudieron sufragar.

 

La foto es de 1914. Rige el derecho al voto secreto y obligatorio para los varones mayores de edad, de acuerdo a lo establecido, dos años antes, por la ley 8.871 de 1912 (conocida como ley Sáenz Peña).

La trampa era hasta entonces una práctica común y la negación de la voluntad de las mayorías una característica del régimen. Ante ello, las nuevas clases medias urbanas presionaban por su derecho a participar. La elite -que gobernaba el país desde hacía varias décadas- había perdido legitimidad y su hegemonía era cuestionada. Las organizaciones obreras, los núcleos anarquistas, sindicalistas y socialistas, sumaban sus reclamos sociales y sembraban los tiempos del Primer Centenario con amenazas revolucionarias.

La clase dirigente tradicional estaba alarmada por este efecto imprevisto de la inmigración: la llegada de europeos con ideas contestatarias, doctrinas nuevas para los trabajadores nativos. Las revueltas proletarias en Europa, y la revolución rusa, habían aumentado el miedo del grupo gobernante y algunos de sus dirigentes reconocieron la necesidad de aliviar las demandas populares y ampliar las bases de sustentación del esquema político.

En relación con otros países, incluso considerando a los europeos, el voto universal masculino fue incorporado por la Argentina de manera temprana, anticipándose a su aplicación en países como Italia, Dinamarca, Países Bajos, Gran Bretaña, Irlanda, Canadá, Suecia, o Japón, entre otros.

En las clases dominantes crecían las contradicciones, eran sus propios éxitos los que habían creado las condiciones para el cambio. Había un Estado fuerte, un sistema educativo extendido, un desarrollo cultural urbano y una economía que crecía ofreciendo oportunidades. Aunque el modelo agro‑exportador todavía no estaba en cuestión, la Argentina del siglo veinte no aceptaba más el gobierno elegido por una ínfima minoría de terratenientes y poderosos comerciantes, que se mantenía en el poder político por medio de trampas y componendas; aquello no tenía futuro. Se había agotado el tiempo del prestigio indiscutido de “los notables” y de las aristocráticas familias “bien”.

 


Muchos hijos de criollos e inmigrantes habían progresado en sus estudios y ya eran “doctores”. No tenían apellidos ilustres, pero sí calificación suficiente para aspirar a las responsabilidades de la función pública, querían acceder a los cargos directivos que el régimen les negaba.

Después de revueltas y revoluciones fallidas, el radicalismo era la fuerza que encarnaba esa aspiración democrática. Por ello no sorprendió su triunfó en las elecciones nacionales de 1916. La llegada de Hipólito Yrigoyen al gobierno significó una amplia democratización del sistema de partidos políticos y de los cargos públicos. Los trabajadores tuvieron quien escuchara sus demandas y reconocieron el liderazgo de un caudillo que, con sus políticas de apertura, despertó el rechazo de la vieja oligarquía conservadora. Impotentes ante el carisma del nuevo líder, los jerarcas del antiguo régimen lo acusaron de respaldarse demagógicamente en “la chusma”  y el bajo pueblo.

Era el primer paso de un nuevo y conflictivo camino. Con la puesta en práctica de la ley del voto secreto, masculino y obligatorio se inició una creciente  democratización de la sociedad argentina. Un paso sustancial, aunque absolutamente parcial e insuficiente. La ley Sáenz Peña excluía del derecho a votar a las mujeres, a los inmigrantes, a dementes, sordomudos, eclesiásticos, policías, militares, presos, mendigos y a todos los argentinos que habitaban en los Territorios Nacionales, por entonces más de la mitad de la actual geografía argentina. Por otra parte, entonces, regía el sistema de Colegio Electoral; es decir los ciudadanos no elegían presidente y vicepresidente de la Nación por voto directo, sino que votaban electores, que luego decidirían por ellos.

La reforma constitucional de 1994 introdujo buenos instrumentos como la Consulta Popular y la Iniciativa Popular, aunque permanecen como oportunidades desperdiciadas


En los primeros comicios con vigencia de la Ley Sáenz Peña, para elegir presidente y vicepresidente, votó un 62,7 % del total de inscriptos en el padrón electoral (745.000 votos sobre 1.189.254 de empadronados). Una cifra alta en relación al número de ciudadanos empadronados, pero muy módica si la confrontamos con el conjunto de los habitantes del país, ya que los sufragantes apenas representaron un escaso 15 % de la población total y un escaso 30 % de la población masculina mayor de 18 años. Es decir, el acceso al derecho del sufragio, aún después de 1912, fue muy restringido. Todavía era una minoría la que elegía a las principales autoridades políticas de la joven república.


En relación con otros países, incluso considerando a los europeos, el voto universal masculino fue incorporado por la Argentina de manera temprana, anticipándose a su aplicación en países como Italia, Dinamarca, Países Bajos, Gran Bretaña, Irlanda, Canadá, Suecia, o Japón, entre otros. Sin embargo, este avance democrático de vanguardia en lo formal y en relación al mundo, estaba muy lejos del ideal que tenemos hoy de una sociedad democrática. El acceso legal al voto masculino, universal, secreto y obligatorio para los mayores de 18 años fue  un inicio trascendental, pero debemos decir que el paso de un régimen basado en el fraude a otro sistema político bajo la vigencia de la ley Sáenz Peña no significó por sí mismo una democratización de la sociedad en su sentido más amplio. Recién con el empadronamiento del total de los habitantes del país (Territorios Nacionales incluidos) y el sufragio femenino, en el año 1947, la participación electoral se fue aproximando a una real universalidad.


Un paso previo y de gran valor fue la ley 1420, de educación primaria obligatoria, sancionada en 1882, norma fundamental que con el siglo veinte iría dando sus buenos frutos. La Argentina llegaría a destacarse por sus altos índices de alfabetización y desarrollo cultural. La clase media, reforma universitaria mediante, aumentaría el número de profesionales universitarios hasta ubicarnos entre los países con mayor porcentaje de graduados en relación al total de sus habitantes.  

Luego, la llegada del peronismo al poder significó una marcada redistribución de ingresos y una generosa extensión de los derechos sociales.
De esta manera, en unas pocas décadas, con el sufragio verdaderamente universal (con la incorporación del voto femenino), con un buen sistema educativo, con más igualdad de posibilidades para acceder a una vida digna, y un piso de derechos garantizados por el Estado, la Argentina de los años cincuenta mejoró su vida democrática. Llegó el debate sobre los estilos y las formas, pero los habitantes de todo el país pudieron conocer cuales eran sus derechos políticos - sociales, y ejercerlos hubieran nacido ricos o pobres. Fueron los tiempos de la movilidad ascendente.

Por momentos, la sociedad pensó que ya nadie podría restringir esas conquistas. Para hacerlo tendrían que recurrir a la violencia. Y lo hicieron. Las conspiraciones y los golpes de Estado caracterizaron al siglo pasado. Las minorías privilegiadas no estuvieron dispuestas a aceptar mansamente la pérdida de prerrogativas y dedicaron sus esfuerzos a condicionar, o llanamente a derribar, los gobiernos representativos de la voluntad popular. En 1930, 1955, 1962, 1966 y 1976, por mencionar sólo los golpes de Estado más significativos, con sus crímenes, ajustes económicos y restricción de libertades y derechos, produjeron fuertes regresiones en el camino descrito.

Desde el retorno a la legalidad democrática en 1983, la sociedad viene recuperando espacios de participación y exige ser parte en las decisiones. Quiere ser escuchada no solo cuando vota, reclama ser gobierno día a día, en todos los temas y cuestiones. Democracia como gobierno del pueblo.

La reforma constitucional de 1994 introdujo buenos instrumentos como la Consulta Popular y la Iniciativa Popular, aunque permanecen como oportunidades desperdiciadas. Otras prácticas, como los presupuestos participativos, los foros vecinales, o las asambleas populares, avanzan en un buen sentido. Igual que el mayor compromiso de los jóvenes, que recientemente obtuvieron la posibilidad de votar a partir de los 16 años de edad.

Después de la grave crisis de los años 2001-2002, la población se lanzó a las calles a interpelar a funcionarios y dirigentes al grito de “que se vayan todos”, la indignación se mezcló con la exigencia de más y mejor  democracia.

Los reclamos exceden el ámbito estatal. También hay organizaciones civiles que se mantienen en deuda. Las asociaciones deportivas, las empresariales y sindicales, los partidos políticos, están aún muy lejos de ser un modelo de democracia y participación. Camarillas corruptas se aferran al poder y lo mantienen por décadas, obturando una sana renovación de sus políticas y conducciones.

La democracia, en su sentido más general, está muy lejos de ceñirse a sus aspectos puramente formales y extiende sus anhelos a toda la vida social. La democracia no está acabada, ni como sistema, ni como aspiración política, ni como utopía.

 

*Profesor de Historia. Investigador.