“La políticas de seguridad contribuyen a legitimar la criminología mediática”

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Marcelo Saín, legislador por la provincia de Buenos Aires y autoridad destacada en materia de seguridad, nos brindó extensamente su visión sobre la cuestión policial. También se refirió a distintas problemáticas de seguridad pública y a los abordajes que de ellas se hacen desde los medios, la sociedad y las dirigencias políticas. “La sociedad argentina tiene una visión extremadamente estatalista y policialista de la seguridad pública”, afirmó el diputado por Nuevo Encuentro.

Por Ana Quiroga Larrieu* / Fotos: Marcela Casarino**

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Desde la academia, la producción teórica, la docencia, la arena política y también desde cargos públicos, Marcelo Fabián Saín dedica ingentes esfuerzos a proponer estrategias de abordaje y llevar adelante soluciones a problemáticas de la seguridad. Con un extenso currículum en ciencias políticas y sociales, autor de numerosas publicaciones (una de las más emblemáticas, “El Leviatán azul. Policía y política en la Argentina”), Marcelo Saín es experto en temáticas de seguridad pública y nacional, instituciones policiales, defensa nacional y relaciones cívico-militares.

En 2005 creó y puso en funcionamiento, como interventor, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la primera policía federal creada en democracia y con conducción civil. Desde 2011 es diputado por Nuevo Encuentro. Referente de consulta obligada, conversó con nosotros sobre algunos de los temas en los que se especializa.

 

La letra partida: En muchas ocasiones te has referido a las condiciones de precariedad en que trabajan los policías. ¿Podrías caracterizar más en detalle esas condiciones?

Marcelo Saín: Nos cuesta pensar que un estado democrático garantice seguridad democrática con policías que forman parte de una burocracia extremadamente precarizada, con condiciones de trabajo absolutamente indigentes. Cuando hablamos de seguridad democrática nos referimos a una seguridad asentada en la protección de derechos y libertades de las personas y particularmente, como toda democracia, debe ser subsidiaria de los sectores más desprotegidos, más vulnerabilizados. En el caso de los policías, son condiciones de trabajo pre-peronistas.  Son agentes, personas, que laboran diariamente y durante décadas pertenecen a una institución que los maltrata, los explota como trabajadores; que tiene la virtud y la eficacia de no hacerlos sentir trabajadores y, por ende, de que nunca tomen conciencia de que son trabajadores y de que tienen derechos como cualquier otro trabajador. Entonces, es difícil pensar una institucionalidad democrática en materia de seguridad pública. Nadie que no conoce lo que son sus derechos y libertades en el mundo laboral y que además ejerza la defensa de esos derechos y libertades, puede defender los derechos de otras personas.

Sobre las condiciones de trabajo, haciendo una consideración bien general, destacaría cuatro o cinco características. Una es que los salarios no son adecuados al tipo de trabajo que los policías desempeñan y la mayoría están obligados al doble empleo para tener ingresos de manera formal y de manera informal. Ingresos que lo colocan en un nivel de trabajador bastante precarizado desde el punto de vista salarial. Esto tiene un impacto muy fuerte sobre el desarrollo del trabajo y de la actividad policial, porque el doble empleo no sólo impide una concentración mayor en el desempeño de una tarea, sino que coarta la temporalidad a través de la cual un profesional podría mejorar su desempeño, distraerse, descansar y estar integrado a su familia o a la vida social.

Segundo aspecto, las condiciones materiales de trabajo tienen un grado de deterioro profundo, en cuanto a instrumentos y medios de trabajo, muchos de los cuales tienen que ser provistos por los mismos policías, fundamentalmente aquellos que son de protección personal frente a situaciones de riesgo, sistema de comunicación, de movilidad, medios de trabajo personales, indumentaria, etcétera.

El tercer aspecto de lo que sería la indigencia laboral está dado por la ausencia de cualquier tipo de modalidad educativa, formación, capacitación, que los dote de lo que los tiene que dotar para afrontar la tarea diaria. Hay un desfasaje enorme entre la capacitación y la formación básica de los policías con relación al desempeño de su tarea cotidiana, que ellos aprenden a desarrollarlas a través de un saber práctico que se adquiere exclusivamente en el ámbito de la propia práctica institucional. Y ahí aprenden todo, lo bueno y lo malo. Cuando una institución policial está atravesada por prácticas abusivas en el uso de la fuerza o por prácticas corruptivas, también hay una socialización muy fuerte sin mediación de este tipo de prácticas. Por eso observamos que son prácticas que se reiteran en todo tipo de policía, en todo momento y en todo lugar con policías cada vez más jóvenes. La sociología tiene una enorme destreza para explicar por qué un pibe no nace chorro y termina chorro. Pero no tiene capacidad para explicar por qué un policía ingresa honesto a la institución y a los tres años termina chorro.

De todas maneras debo decirte que la capacitación militarizada, los sistemas de formación hiperjerarquizados, asentados en el dominio del cuerpo y del alma de las personas son profundamente eficaces. Las policías y los circuitos educativos policiales forman lo que quieren formar. Son mucho más eficaces en el logro de lo que desean formar que las universidades. El profesional universitario, más allá de las diferencias, es un profesional bastante más distante de lo que se impone la universidad al ser capacitado, que el policía que sale de una academia. Es mucho más adecuado el policía que sale de una academia policial a lo que pretenden sus hacedores, que un médico que sale de la facultad de medicina, o que un ingeniero de la facultad de ingeniería. Esos policías están capacitados para obedecer órdenes, para no pensar y para entender que la razón siempre la tiene el superior y entran en un dispositivo que sólo se sostiene bajo esta condición. Por eso es uno de los sistemas educativos más eficaces que hay en la Argentina. Esto tampoco está estudiado por las ciencias de la educación.

Una cuarta condición, donde nucleo muchas otras cosas, el trabajo cotidiano policial no está regulado por normas de procedimiento y por protocolos de actuación, como ocurre en una fábrica donde está muy pautado lo que tiene que hacer cada uno de los obreros en una línea de producción. En el ámbito de las policías los protocolos de actuación son producidos y reproducidos en la propia práctica. Todo queda librado a la arbitrariedad de un jefe o al buen saber y entender de un policía, o de situaciones ad hoc donde tienen que resolver temas sin ninguna posibilidad de consulta, de revisión, en situaciones de extremado estrés y con un nivel de constreñimiento muy importante.


 

Y la quinta condición de precarización laboral te diría que es la radical imposibilidad de articular cualquier mecanismo de defensa de sus derechos al interior de la organización. Te diría mucho más que eso: la imposibilidad de recurrir a la autoridad superior en cualquier acto de injusticia que el policía subordinado entienda que se ha cometido con él. Los sistemas disciplinarios y los sistemas de control son mecanismos de cooptación sobre la instancia subalterna, sin revisión ni ningún tipo de queja. No hay preservación ni promoción de derechos, porque no existen efectivamente los derechos ahí adentro que no sean los derechos, solamente, vinculados y surgidos de la propia estructuración de una organización profundamente disciplinaria y jerarquizada.

Obviamente, no hay ningún tipo de posibilidad de asociación para poder sentarse con la patronal -que sería el comisariato o las autoridades políticas del área- a discutir y a negociar una pauta laboral, condiciones de trabajo, todo lo que mencionábamos entonces. Esto hace que el ámbito laboral sea un ámbito pre-peronista.

LLP: Justamente, mencionás el tema de la sindicalización. Vos has sido una de las primeras personas en plantear este tema en nuestro país. ¿Cómo ves la posibilidad de que se instrumente?

MS: Debería darse como una estrategia que terminara en la sindicalización, no que comenzara allí. Es todo un proceso donde lo que deberían cambiar son los derechos de los policías, trabajar sobre sus condiciones laborales. Por ejemplo, sería un gran avance que exista el ombudsman policial, que es una oficina donde el policía puede ir a reclamar por sus derechos y que yo establecí en la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Eso sería un paso inevitable. Porque lo que vos ves en las instituciones policiales es que hay un nivel de militarización tan grande que cuando levantaste la bota de la cabeza, debe darse todo un aprendizaje social y colectivo para convertirse en ciudadano.

En Argentina no hay experiencias de sindicalización. Lo que hay es un movimiento cada vez más creciente que yo denominaría asociacionismo policial, donde lo que empiezan a proliferar son formas de organización paralelas a las instituciones policiales que nuclean a personas retiradas, algunos que están en conflicto con la institución, o activos que a veces participan en estas asociaciones de manera clandestina, a veces de manera más abierta. Este fenómeno se replica en otros países de América Latina. En Brasil, por ejemplo, hay un grado de desarrollo de las organizaciones paralelas, que se autodenominan sindicatos -aquí también-, aunque legalmente no lo son. Pero que en el caso de Brasil tienen tal nivel de representación de las dotaciones de personal, fundamentalmente en los estratos subalternos, que las determinaciones que toman terminan tallando sobre el desempeño laboral de los policías activos, inclusive determinan huelgas. Entonces las autoridades políticas y las propias conducciones policiales están obligadas a negociar "por debajo de la mesa" con estas asociaciones que tienen el poder de determinar, de una semana para la otra la paralización del servicio policial o que los policías no vayan a trabajar. Con lo cual, ejercen una suerte de asociación sindical paralela informal.

Me parece que la Argentina que tiene una larguísima tradición de experiencias sindicales debería discutir seriamente el tema, la posibilidad de que los servidores públicos policiales empiecen a tener este tipo de cuestiones. Porque, entre otras cosas lo que vemos es que el mundo policial, al no tener la práctica del debate, la discusión, la elección, la capacitación de compañeros y la capacidad de articular intereses, no tiene destrezas para defender esto. Van a un conflicto con un conjunto de demandas y no tienen definida la salida del conflicto. En un conflicto se planifica el esquema de salida.

Estas condiciones de trabajo son condiciones absolutamente viables para el mantenimiento de las instituciones tal cual están. Tenemos policías funcionando por el grado de militarización y de control cooptativo sin contestación que tienen las cúpulas sobre el resto de la organización. Si no tuviéramos esas condiciones, no serían viables estas instituciones como organizaciones complejas. La militarización, la verticalización y la cooptación compulsiva, autoritaria, sin contestación de las cúpulas, es lo que hace que estas policías existan, laboren, que produzcan resultados que a las clases políticas les sirven porque son instrumentos absolutamente eficaz para disciplinar a los sectores populares, a los que sobran en la sociedad, a los que no tienen posibilidad de incorporación al sistema productivo, porque el trabajo sigue siendo el eje estructurante de la sociedad. Las policías son un gran instrumento de disciplinamiento, de control, de contención, represiva, negociada a veces, practicando una suerte de asistencialismo social fáctico, inclusive, y resolviendo conflictividades concretas en el microespacio social.

Y por otra parte son instituciones que tienen una enorme eficacia en el control de los delitos más complejos participando en ellos, que además les reportan fondos, en algún grado, para financiar lo que no puede el presupuesto. Porque gran parte de esa regulación policial del crimen les reporta una suerte de apropiación de la rentabilidad generada por esos negocios regulados por ellos. Entonces, estas instituciones y estas condiciones de trabajo son absolutamente funcionales a cierta gobernabilidad política sobre ciertas conflictividades. Eso es lo que hace que no haya reforma policial aquí en la Argentina. Y, a la inversa: la resistencia de la clase política argentina a abordar el tema. Fijate en la derecha, que tanto "panfletea" respuestas policialistas.... La resistencia a abordar la cuestión de las condiciones de trabajo de los policías, es una resistencia que responde a la necesidad de que no se viabilice esto que acabo de decir. Porque colocar las condiciones de trabajo de la policía como uno de los ejes de abordaje político, te obliga necesariamente a poner en tela de juicio para qué están la policía, para qué sirve y por qué son mecanismos eficaces de gestión y gobernabilidad de la seguridad.

Entonces, cuando nosotros colocamos el tema de las condiciones de trabajo de los policías, como ya no tenemos la esperanza de que la clase política entre seriamente a este tema, lo aborde seriamente, nuestro interés entonces es que la cosa venga por abajo. Porque el deterioro cada vez mayor y la toma de conciencia cada vez mayor de los sectores subalternos de la institución policial, hace que por allí pueda haber alguna posibilidad de cambio en todo esto.


LLP: Desde la CTA se ha planteado...

MS: Siempre. Pero fijate que cuando nosotros hicimos el seminario en la UMET (NR: Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo), no pudimos tener a ningún representante de la CGT hablando de este tema. Y no porque estén en contra, sino porque sencillamente no comprenden el tema, no lo han abordado, no lo han pensado, por eso no tienen ninguna resolución. Por eso no nos costó más que una llamada telefónica para tener a Hugo Yasky en ese panel, junto con un ex dirigente policial holandés, que sigue siendo oficial de la policía, y no hubo nadie sentado de la CGT.


 



“Los sectores populares son los que más violencia padecen”

LLP: ¿Te parece que como sociedad estamos en condiciones de pensar este tema, de la sindicalización?

MS: A la sociedad también le es funcional esta policía. En Mar del Plata, la gente protestaba por la policía bonaerense y los desmadres que producía. El Intendente Gustavo Pulti propuso armar una policía municipal, para lo cual necesitaba un aumento de la tasa -porque la policía no le transfería los recursos- del 16,5%. Eso hizo que la enorme mayoría de la sociedad marplatense se pronunciara en contra de la posibilidad de crear una policía municipal. Es una sociedad difícil, que quiere tener la policía sueca, pero pagar impuestos como Uganda. (NR: al momento de realizar la entrevista aún no se había tratado en la provincia de Buenos Aires el proyecto de ley de creación de policías comunales, que a la fecha avanza en la legislatura bonaerense).

La sociedad argentina tiene una visión extremadamente estatalista y policialista de la seguridad pública: que esto es un problema de resolución policial, que el estado lo tiene que resolver de manera unilateral... La sociedad argentina en su conjunto no cree que ella sea protagonista de hechos de inseguridad, y fundamentalmente los sectores medios y altos son los que producen el sentido común a través de la construcción  mediática de la inseguridad. Porque si vos hablás con cualquier miembro de los sectores populares, estructurados o no estructurados, tienen una mirada completamente distinta, y no se habla de "inseguridad" allí, y son los que más violencia padecen.

Violencia en el ámbito de sus hogares, de sus vecindarios, homicidios por riña, disputas por el control territorial. El discurso de la "inseguridad" es un discurso clasista de la clase media y alta, producido, reproducido y legitimado por los medios de comunicación. Y también por los gobiernos, incluso de izquierda o progresistas,  que sólo estructuran políticas para atender la conflictividad de los sectores medios y altos, y no de los sectores populares. Me da la impresión que esa mirada  de clase media es una mirada en donde siempre el problema y el origen de los delitos es de otros. Por ejemplo, en el caso del robo de autos, se desarman en los desarmaderos para vender autopartes a la clase media, pero eso no cuenta; los almacenes y las cocinas de drogas, que se establecen en determinados asentamientos o barrios carenciados -porque les garantizan a las organizaciones criminales mayor nivel de control y en la mayoría de los casos tienen protección del Estado a través del sistema policial-, no es para fabricar drogas para el consumo de esos barrios, sino para nuestros hijos de clase media.. Pero la clase media eso no lo ve. La clase media es productora de inseguridad.

LLP: ¿Qué opinión te merecen las políticas de seguridad en Argentina?

MS: En Argentina lo que se impuso como políticas de seguridad son, en realidad, estrategias de abordaje político de las problemáticas de la inseguridad. Que es algo distinto a lo que denominamos políticas de seguridad.

Una política de seguridad es un conjunto de estrategias tendientes a identificar conflictos e intervenir sobre ellos, para intentar distintas cosas: erradicarlos, atenuarlos, morigerarlos, atenuar sus consecuencias -porque ya sabés que no los podés erradicar-. Por ejemplo, una buena política de seguridad democrática sería: yo no puedo intentar reducir los consumos de droga para reducir el narcotráfico a cero, porque sé que en las sociedades cuando se instalan los consumos, no se reducen. Entonces, lo que voy a intentar es que las redes criminales que se dedican a esto no detenten, por ejemplo, el dominio militarizado de barrios populares. Es un objetivo. Trataré de que no haya una suerte de tráfico violento, regulado por relaciones criminales. No quiero que haya homicidios entre bandas. Entonces, gestionar seguridad pública, como hicieron los canadienses en Vancouver cuando las bandas se disputaban el control de los puntos estratégicos en la ciudad para reducir el consumo minorista de droga. La política no fue intentar parar el consumo, la política fue: habrá tráfico, pero no tiene que haber violencia ni conflictos armados por parte de grupos.

Eso para ponerte un ejemplo que una política de seguridad no necesariamente tiene que tener como objetivo “erradicar”. Podemos “erradicar” bandas de secuestradores y llevar la problemática a su punto cero. Pero no voy a poder “erradicar” robos; va a haber algún grado de asaltos, de robos, porque van variando las oportunidades, las circunstancias, los hechos.

Eso es gestionar seguridad pública: identificar los problemas, que es muy complejo, y a partir de esto, establecer una agenda de prioridades (algunos son prioritarios y otros no). Si lo miramos desde la perspectiva popular, a mí me parece un tema absolutamente sensible las violencias entre los sectores populares. Para mí sería prioritario, en una agenda de seguridad peronista sería así. En segundo lugar, el manejo de la sensación de inseguridad de los sectores medios. Pero yo, como peronista, le daría prioridad  a lo primero, porque sé que es lo más dañino, lo más letal. Y el tercer punto es cómo intervenir sobre ese conjunto de problemas: con qué recursos, de qué manera, con gestión social, con abordajes integrales vinculados a género, a consumo, a problemáticas de tráficos ilícitos, o utilizando el sistema penal, el sistema policial, etcétera, etcétera. Pero el objetivo de una política pública es siempre gestión de conflictividades. Significa que la sociedad aborda los conflictos y los trata de reducir, morigerar, atenuar, suspender, sopesar.

Lo anterior no es lo que se ha hecho en Argentina en los últimos años. Todos, todos, han hecho otra cosa. Han hecho lo que en un paper llamo política de surfeo, que es gestionar las conflictividades políticas derivadas de las demandas de protección de los sectores medios y altos, que es distinto. Porque una de las modalidades, de las estrategias surfistas de la seguridad es ocultar los problemas, para que no tengan impacto, para que no generen demanda. Entonces, es distinto gestionar conflictos que gestionar sensaciones o demandas, o problemas derivados de esto. En cuanto el tema se opaca en la agenda política, deja de estar en los abordajes en materia de seguridad pública. Esto es muy distinto de lo que son políticas sustantivas de seguridad.


 

La “criminología” mediática

LLP: Si contrastamos al arquetipo del delincuente que se construye en el discurso social, sobre todo de los medios, con las estadísticas, ¿cómo resulta esta relación?

MS: Depende del tipo de delito. Los hacedores de delitos más sofisticados, de lavado de dinero o vinculados al mundo de los negocios, no los vas a encontrar entre los sectores populares. El arquetipo del criminal construido por la "criminología mediática", que tiene tanta legitimidad dentro de los estratos medios y altos de la sociedad es el arquetipo del varón, joven, pobre, marginalizado, que es ladrón y que es un homicida. Y, en algunos casos, con condimentos de menor. Esto también es el discurso de la política argentina. Acá estamos cansados de escuchar dirigentes políticos plantear que esto es así. Lo que no se dice las causas registradas el año pasado donde hay imputación de un menor como autor de un delito, no superan el 6 por ciento. Y que el 80 por ciento de las causas donde hay un menor imputado, tiene que ver con delitos patrimoniales, con robos y hurtos, no tiene que ver con homicidios. Ahí hay todo un discurso y una construcción social que no se corresponde con lo que son los datos concretos.

Pero toda sociedad construye sus delincuentes. Creo que hay mayor cantidad de personas dedicadas al delito en un country que en un barrio popular. No tengo ninguna duda. Seguramente hay gente que malversa fondos, evade impuestos, de manera sistemática, planificada, con un nivel de dañosidad mayor que los cuatro o cinco chorros que puede haber en una punta de un barrio popular. Pero socialmente nadie identificaría un country como un reservorio de delincuentes seriales. Y todo el mundo diría que, evidentemente, en las villas y en los asentamientos allí está la fuente de los delitos y la peligrosidad criminal de nuestra sociedad.

Pero lo que no ve la criminología mediática y la clase media, es que en los sectores populares y en sus espacios es donde mayor nivel de violencia y de victimización violenta hay. Como dice Javier Auyero y la maestra Berti en "La violencia en los márgenes”: hay una cadena de violencias que reproducen situaciones de violencia extrema, en el ámbito de las relaciones entre madre e hijo, entre hombre-mujer, en el vecindario, en la escuela. Y ese encadenamiento de situaciones -que responden a mercadeo de cosas robadas, negocios de narcotráfico, pero también violencia en la vida cotidiana, en la esfera más íntima-, atraviesan la vida social y están profundamente naturalizados.

Sin embargo la criminología mediática cree que el mayor nivel de victimización de delitos de hechos violentos se produce entre los estratos medios. No es así eso, no es cierto. El mayor nivel de victimización, de hechos sangrientos, dramáticos, permanentes, de convivencia de personas con crímenes violentos, fatales, se da entre los sectores populares y, fundamentalmente, en barrios profundamente desagregados.

Las políticas de seguridad contribuyen a legitimar la "criminología mediática", porque sólo ponen foco en los robos y hurtos que se cometen en los barrios de las clases medias. Y fijate vos, reflejo de esto es -inclusive en gobierno progresistas y de centro izquierda- el establecimiento de cámaras, los dispositivos de despliegue militarizado de la gendarmería, los sistemas de patrullamiento. Estas tres cosas se despliegan fundamentalmente para proteger a los sectores medios de los delitos originados entre los sectores populares. Si queremos hacer seguridad en esos barrios, hay que ingresar allí con políticas sociales. Si uno quiere resolver conflictividades en esos barrios, hay que trabajar relaciones de género, entre mayores y menores, realizar otro tipo de intervenciones.

También está probado en Argentina que incluso creciendo a tasas chinas durante una década,  igualmente no se incluyó a todos. La Argentina se industrializó como ningún otro país de América Latina, según el último informe de la Cepal, y sin embargo tenemos a un cuarto de la sociedad que está del lado de los bordes para afuera. Si uno quiere intervenir en materia de resolución de conflictividades allí, en esos bordes, no se interviene rodeándolos con la gendarmería. Con las cámaras, con los sistemas de patrullaje con despliegue militarizado de fuerzas de seguridad, lo que se hace es darle la razón a la "criminología mediática" de los sectores medios y altos que son los que tienen algún peso electoral importante. En el fondo, es por eso. La clase política argentina es todo, menos tonta.

Narcotráfico y crimen organizado

LLP: ¿El narcotráfico es el problema criminal más importante en Argentina?

MS: El problema es el crimen organizado vinculado al narcotráfico, eso es objeto de intervención en materia de seguridad pública. Porque ahí lo que hay son redes criminales. Hay mercados muy sofisticados, redes criminales muy organizadas que han escalado al nivel de emprendimiento empresarial. Esto explicaba hace poco tiempo en San Martín. Pero eso ocurre allí porque hay una vieja estructuración del mercado criminal que antecede la estructuración del mercado minorista, hay destrezas criminales en la zona de San Martín que vienen de hace 40 o 50 años. Siempre hubo organizaciones vinculadas a piratas del asfalto, robo de camiones de caudales, prostitución, etcétera. Ahí hay una destreza, un capital social criminal más importante que en otros lugares, que después se termina estructurando en lo que es el negocio de la droga. Mañana se termina el negocio de la droga y esas destrezas se canalizarán en otro negocio.

Esto es para diferenciar lo que es el problema criminal en nuestro país. El problema es el crimen organizado, no el narcotráfico. El gran problema que tenemos acá, me parece a mí, es: tenemos mercados cada vez más expandidos de consumo de drogas, tenemos una provisión de esa sustancia a través de redes criminales -porque está prohibido- y tenemos un grado de estructuración estatal del negocio enorme. Porque la mayoría de esas redes tienen fuerte regulación estatal a través de las policías (protección, nivelación, estabilización, permisión) porque aún siendo policías profundamente ineficaces para ciertos objetivos a nivel de control de la criminalidad, son profundamente eficaces para el control de los espacios y la circulación de personas y mercancías. Como hace 150 años. Son policías que se estructuraron con una estatalidad capilar de control de todo el espacio y de todo lo que es la sociedad y circulación de personas y mercancías. Nada ocurre en los territorios que la policía no sepa o no permita, en términos generales.

 

*Periodista. **Fotoperiodista.